El Gobierno sospechaba de contactos entre los indígenas y el terrorismo internacional .- La Embajada estadounidense no veía al movimiento mapuche como una amenaza seria.
Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior del último Gobierno de Michelle Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el "problema mapuche" y le pidió apoyo "de inteligencia" para seguir de cerca su posible radicalización, sus eventuales contactos con grupos terroristas extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para "seguir el dinero" que les pudiera llegar.
La conversación se produjo en 2008, a poco de tomar posesión el ministro, y cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre grupos mapuches, fuerzas del orden, propietarios de tierras reclamadas por la comunidad indígena y empresas españolas, como Endesa, implicadas en la construcción de presas hidroeléctricas en territorio mapuche. "El consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos", asegura un telegrama de la embajada.
Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero 'turismo de guerrilla".
Aunque no es posible saber exactamente el número de mapuches entre la población chilena (el censo de 1992 hablaba de 932.000 y el de 2002, sorprendentemente, de solo 604.000), la mayoría de las ONG que trabajan en el país manejan cifras que oscilan en torno al millón de personas (entre el 5% y el 6% de la población total).
Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios días por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un joven activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la opinión, bastante irónica, de los diplomáticos estadounidenses: "Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles", se mofan. "El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto". Los diplomáticos ocultan a duras penas su indignación: "La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas".
Reproches a todas las partes
"Hay mucho que reprochar a todas las partes en este conflicto", informa el embajador Paul E. Simons. "Las comunidades mapuches están desorganizadas, son incoherentes y presentan demandas que van desde lo lógico a lo fantasioso (...) Por el otro lado, los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de establecer y alcanzar objetivos realistas", explica.
Las protestas de las comunidades mapuches, que reclaman desde hace décadas las tierras de las que fueron expulsados a lo largo de la historia por sucesivos Gobiernos chilenos, para entregarlas o venderlas a agricultores individuales o empresas, obtuvieron alguna respuesta en los años sesenta y setenta, pero con la llegada de la dictadura de Pinochet fueron, de nuevo, aplastadas. El primer Gobierno democrático de Patricio Alwyn, explica otro telegrama estadounidense, aprobó una nueva ley para devolver algunas tierras a las comunidades indígenas, "pero la situación progresó muy poco en los siguientes 16 años, contribuyendo a la visión mapuche de que el Estado chileno lleva 100 años rompiendo las promesas que les hacen".
Las quejas fueron aumentando en los últimos años, especialmente cuando las autoridades chilenas, agobiadas por la carencia de energía suficiente como para sustentar su creciente desarrollo económico, decidieron poner en marcha un plan de producción de energía hidroeléctrica y encargaron, entre otras a la empresa española Endesa, la construcción de nuevas presas, alguna de ellas en territorio ancestral mapuche. A partir de ese momento, se renovaron los incidentes, especialmente los casos de "vandalismo y destrucción de la propiedad", informa otro telegrama. "Aunque preocupantes e ilegales", asegura Simons, "esos ataques son esporádicos y claramente dirigidos contra propiedades y no contra personas". El telegrama recoge la queja de organizaciones humanitarias, escandalizadas por que se aplique a los mapuches una controvertida ley antiterrorista de le época de Pinochet.
Relaciones complejas
La embajada constata que las relaciones entre los mapuches y el Estado chileno son complejas y conflictivas, pero mayoritariamente "no violentas". "Aunque la mayoría de los chilenos asocia los mapuches a las áreas rurales de la Araucaria y regiones vecinas, la realidad es que el 70% de los mapuches vive en áreas urbanas. Santiago alberga más mapuches que ninguna otra región", explica Simons. Según la información que asegura que le ha proporcionado el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, 27 de las 2.100 comunidades mapuches del país están realmente en conflicto con el Gobierno chileno o con los propietarios de la tierra, y de esos 27 casos, solo en ocho se han registrado acciones violentas. De hecho, recuerda el embajador norteamericano, en los últimos 10 años de conflictos ha habido tres muertos, todos ellos jóvenes activistas mapuches.
El embajador reproduce también conversaciones mantenidas tanto con Rosende como con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional chilena, Jorge Chocair, que minimizan las relaciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo indígena vinculado a algunos hechos violentos, con grupos terroristas internacionales como las FARC o ETA. "Es cierto que algunos miembros de la CAM han viajado a Colombia, a España y al sur de México y que pueden, incluso, haber participado en algún tipo de entrenamiento. Unos pocos representantes de Askapena, brazo político de ETA, visitaron en agosto de 2009 algunas comunidades mapuches. Sin embargo, tanto Rosende como Chocair caracterizan esas relaciones con "informales e infrecuentes", asegura Simons. Chocair en concreto le dice al embajador que se trata de "turismo de guerrilla".
El último telegrama disponible, de octubre de 2009, informa de tres nuevos ataques en la región de la Araucania pero sigue calificando el tema de conflicto de "bajo nivel". La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, les asegura, además, que no cree necesario el envío de más policías a la región. "El secretario general de la Presidencia, José Viera-Gallo, tiene razón cuando afirma que el imperio de la ley en la región está perfectamente asegurado y que esos ataques, aunque preocupantes e ilegales, siguen siendo esporádicos y contra propiedades, no contra personas", insiste la embajada.
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Madrid - 13/12/2010
Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior del último Gobierno de Michelle Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el "problema mapuche" y le pidió apoyo "de inteligencia" para seguir de cerca su posible radicalización, sus eventuales contactos con grupos terroristas extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para "seguir el dinero" que les pudiera llegar.
La conversación se produjo en 2008, a poco de tomar posesión el ministro, y cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre grupos mapuches, fuerzas del orden, propietarios de tierras reclamadas por la comunidad indígena y empresas españolas, como Endesa, implicadas en la construcción de presas hidroeléctricas en territorio mapuche. "El consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos", asegura un telegrama de la embajada.
Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero 'turismo de guerrilla".
Aunque no es posible saber exactamente el número de mapuches entre la población chilena (el censo de 1992 hablaba de 932.000 y el de 2002, sorprendentemente, de solo 604.000), la mayoría de las ONG que trabajan en el país manejan cifras que oscilan en torno al millón de personas (entre el 5% y el 6% de la población total).
Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios días por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un joven activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la opinión, bastante irónica, de los diplomáticos estadounidenses: "Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles", se mofan. "El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto". Los diplomáticos ocultan a duras penas su indignación: "La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas".
Reproches a todas las partes
"Hay mucho que reprochar a todas las partes en este conflicto", informa el embajador Paul E. Simons. "Las comunidades mapuches están desorganizadas, son incoherentes y presentan demandas que van desde lo lógico a lo fantasioso (...) Por el otro lado, los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de establecer y alcanzar objetivos realistas", explica.
Las protestas de las comunidades mapuches, que reclaman desde hace décadas las tierras de las que fueron expulsados a lo largo de la historia por sucesivos Gobiernos chilenos, para entregarlas o venderlas a agricultores individuales o empresas, obtuvieron alguna respuesta en los años sesenta y setenta, pero con la llegada de la dictadura de Pinochet fueron, de nuevo, aplastadas. El primer Gobierno democrático de Patricio Alwyn, explica otro telegrama estadounidense, aprobó una nueva ley para devolver algunas tierras a las comunidades indígenas, "pero la situación progresó muy poco en los siguientes 16 años, contribuyendo a la visión mapuche de que el Estado chileno lleva 100 años rompiendo las promesas que les hacen".
Las quejas fueron aumentando en los últimos años, especialmente cuando las autoridades chilenas, agobiadas por la carencia de energía suficiente como para sustentar su creciente desarrollo económico, decidieron poner en marcha un plan de producción de energía hidroeléctrica y encargaron, entre otras a la empresa española Endesa, la construcción de nuevas presas, alguna de ellas en territorio ancestral mapuche. A partir de ese momento, se renovaron los incidentes, especialmente los casos de "vandalismo y destrucción de la propiedad", informa otro telegrama. "Aunque preocupantes e ilegales", asegura Simons, "esos ataques son esporádicos y claramente dirigidos contra propiedades y no contra personas". El telegrama recoge la queja de organizaciones humanitarias, escandalizadas por que se aplique a los mapuches una controvertida ley antiterrorista de le época de Pinochet.
Relaciones complejas
La embajada constata que las relaciones entre los mapuches y el Estado chileno son complejas y conflictivas, pero mayoritariamente "no violentas". "Aunque la mayoría de los chilenos asocia los mapuches a las áreas rurales de la Araucaria y regiones vecinas, la realidad es que el 70% de los mapuches vive en áreas urbanas. Santiago alberga más mapuches que ninguna otra región", explica Simons. Según la información que asegura que le ha proporcionado el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, 27 de las 2.100 comunidades mapuches del país están realmente en conflicto con el Gobierno chileno o con los propietarios de la tierra, y de esos 27 casos, solo en ocho se han registrado acciones violentas. De hecho, recuerda el embajador norteamericano, en los últimos 10 años de conflictos ha habido tres muertos, todos ellos jóvenes activistas mapuches.
El embajador reproduce también conversaciones mantenidas tanto con Rosende como con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional chilena, Jorge Chocair, que minimizan las relaciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo indígena vinculado a algunos hechos violentos, con grupos terroristas internacionales como las FARC o ETA. "Es cierto que algunos miembros de la CAM han viajado a Colombia, a España y al sur de México y que pueden, incluso, haber participado en algún tipo de entrenamiento. Unos pocos representantes de Askapena, brazo político de ETA, visitaron en agosto de 2009 algunas comunidades mapuches. Sin embargo, tanto Rosende como Chocair caracterizan esas relaciones con "informales e infrecuentes", asegura Simons. Chocair en concreto le dice al embajador que se trata de "turismo de guerrilla".
El último telegrama disponible, de octubre de 2009, informa de tres nuevos ataques en la región de la Araucania pero sigue calificando el tema de conflicto de "bajo nivel". La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, les asegura, además, que no cree necesario el envío de más policías a la región. "El secretario general de la Presidencia, José Viera-Gallo, tiene razón cuando afirma que el imperio de la ley en la región está perfectamente asegurado y que esos ataques, aunque preocupantes e ilegales, siguen siendo esporádicos y contra propiedades, no contra personas", insiste la embajada.
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