Conadep y Juicio a Las Juntas en Argentina
Alfonsín derogó la ley de amnistía apenas asumió y anunció que las tres primeras Juntas militares del Proceso serían sometidas a juicio por sus responsabilidades en la represión. A fin de que se indagara lo ocurrido, el Ejecutivo creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), integrada por personalidades (intelectuales; religiosos, periodistas) y presidida por Ernesto Sabato. La investigación de la Conadep fue sintetizarla en el libro Nunca Más (Eudeba, 1984) y contribuyó, junto a otras publicaciones muy difundidas, a la toma de conciencia sobre lo sucedido.
Pero el Consejo General de las Fuerzas Armadas al cual se encomendó el juicio se limitó a dictaminar que la guerra antisubversiva había sido legítima y que no habrá nada que castigar. El juicio pasó entonces a una nueva instancia oral, la Cámara Federal de Apelaciones; integrada por jueces de prestigio pero que habían formado parte del Poder Judicial durante el Proceso.
En abril de 1985. en medio de medidas extremas de seguridad; comenzó en el palacio de Tribunales el juicio a las Juntas. Este revistió un alto valor simbólico; es único en su género en América latina donde nunca se había sentado en el banquillo de los acusados a los jefes militares golpistas y excepcional también en el mundo, salvo en el caso de los coroneles griegos, responsables del golpe de 1967.
Los militares acusados tuvieron oportunidad de defenderse. Sus abogados argumentaron que se habían limitado a cumplir las órdenes dadas por Isabel Perón para aniquilar la subversión y destacaron el estado de necesidad que se vivía en la Argentina impuesto por la guerra revolucionaria. Ratificaron que se trataba de una guerra justa contra el terrorismo. Massera afirmó que esta guerra se había ganado con las armas pero perdido en lo psicológico y que si todos estaban allí, en los Tribunales nacionales, jueces y acusados; era gracias a la actuación de la Junta que había permitido la continuidad de las instituciones republicanas.
Los testigos propuestos por la acusación narraron puntualmente las atrocidades cometidas. Los casos de abusos evidentes eran unos 700; dentro de los 9.000 casos constatados por la Conadep. En la acusación, el fiscal Strassera se preguntó qué clase de guerra fue esa limpieza de opositores, muchos de ellos inermes, que incluyó a adolescentes y a niños.
La sentencia del Tribunal condenó a prisión perpetua y a destitución a Videla y Massera; a penas de prisión a otros miembros de las dos primeras Juntas y eximió de culpa a los integrantes de la tercera; los cuales, por otra parte, debían responder en el juicio de responsabilidades por la guerra de las Malvinas".
Así concluía un capítulo de la recuperación de la democracia en la Argentina. Sin embargo el problema militar siguió. Con el presupuesto reducido a la mitad y una larga experiencia de autoritarismo, la jefatura del Ejército tenía dificultad para ejercer el mando en democracia. Se sucedían los desplantes en todos los niveles. Raúl Borrás y Roque Carranza, dos de los "hombres del presidente" que ocuparon sucesivamente el Ministerio de Defensa, murieron en el ejercicio de sus funciones.
A lo largo de 1986, numerosos oficiales fueron convocados a los Tribunales. La situación en los cuarteles se volvió insostenible. El presidente hubiera preferido mantener las citaciones en los niveles más altos de responsabilidades pero la marea era incontenible. La Ley de Punto Final (febrero del 87) intentó ponerle coto a estos procesos; fijaba sesenta días de plazo a partir de los cuales no podría haber nuevos enjuiciamientos. Pero las citaciones se multiplicaron en vísperas de esa fecha.
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Pero el Consejo General de las Fuerzas Armadas al cual se encomendó el juicio se limitó a dictaminar que la guerra antisubversiva había sido legítima y que no habrá nada que castigar. El juicio pasó entonces a una nueva instancia oral, la Cámara Federal de Apelaciones; integrada por jueces de prestigio pero que habían formado parte del Poder Judicial durante el Proceso.
En abril de 1985. en medio de medidas extremas de seguridad; comenzó en el palacio de Tribunales el juicio a las Juntas. Este revistió un alto valor simbólico; es único en su género en América latina donde nunca se había sentado en el banquillo de los acusados a los jefes militares golpistas y excepcional también en el mundo, salvo en el caso de los coroneles griegos, responsables del golpe de 1967.
Los militares acusados tuvieron oportunidad de defenderse. Sus abogados argumentaron que se habían limitado a cumplir las órdenes dadas por Isabel Perón para aniquilar la subversión y destacaron el estado de necesidad que se vivía en la Argentina impuesto por la guerra revolucionaria. Ratificaron que se trataba de una guerra justa contra el terrorismo. Massera afirmó que esta guerra se había ganado con las armas pero perdido en lo psicológico y que si todos estaban allí, en los Tribunales nacionales, jueces y acusados; era gracias a la actuación de la Junta que había permitido la continuidad de las instituciones republicanas.
Los testigos propuestos por la acusación narraron puntualmente las atrocidades cometidas. Los casos de abusos evidentes eran unos 700; dentro de los 9.000 casos constatados por la Conadep. En la acusación, el fiscal Strassera se preguntó qué clase de guerra fue esa limpieza de opositores, muchos de ellos inermes, que incluyó a adolescentes y a niños.
La sentencia del Tribunal condenó a prisión perpetua y a destitución a Videla y Massera; a penas de prisión a otros miembros de las dos primeras Juntas y eximió de culpa a los integrantes de la tercera; los cuales, por otra parte, debían responder en el juicio de responsabilidades por la guerra de las Malvinas".
Así concluía un capítulo de la recuperación de la democracia en la Argentina. Sin embargo el problema militar siguió. Con el presupuesto reducido a la mitad y una larga experiencia de autoritarismo, la jefatura del Ejército tenía dificultad para ejercer el mando en democracia. Se sucedían los desplantes en todos los niveles. Raúl Borrás y Roque Carranza, dos de los "hombres del presidente" que ocuparon sucesivamente el Ministerio de Defensa, murieron en el ejercicio de sus funciones.
A lo largo de 1986, numerosos oficiales fueron convocados a los Tribunales. La situación en los cuarteles se volvió insostenible. El presidente hubiera preferido mantener las citaciones en los niveles más altos de responsabilidades pero la marea era incontenible. La Ley de Punto Final (febrero del 87) intentó ponerle coto a estos procesos; fijaba sesenta días de plazo a partir de los cuales no podría haber nuevos enjuiciamientos. Pero las citaciones se multiplicaron en vísperas de esa fecha.
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