Regreso a La Democracia en Argentina
El reemplazo de Galtieri por el general Reynaldo Bignone abrió el camino de la convocatoria a elecciones. En marzo del 83, el gobierno militar anunció que el 30 de octubre habría elecciones nacionales y que el poder se entregaría a los civiles en enero del 84. Es digno de destacarse que tanto el reemplazo de Viola (1981) como el de Galtieri (1982) se justificaron en la idea del "vacío de poder" utilizado asimismo en los golpes contra los presidentes constitucionales Yrigoyen, Castillo, Illia e Isabel Perón. Esto demostraba que la feudalización del Estado realizada por las Fuerzas Armadas resultaba tanto o más inoperante que la supuesta debilidad de las democracias para resolver los problemas nacionales.En el balance positivo del Proceso había sin duda una serie de grandes obras públicas", pero en ningún caso las nuevas autopistas o las represas atenuaban la gravedad del caos institucional y el mar de sangre en que se encontraba inmerso el país, a lo que se sumaba el aislamiento internacional que se profundizó a consecuencia de la guerra. Este conflicto, con el mando feudalizado también, y las discusiones entre las tres armas; era el triste reflejo de la forma compartimentada, retorcida y secreta en que se organizó la represión estatal.
Bignone; el cuarto y último presidente del Proceso; formaba parte del ala del Ejército moderada (violista) que fue desplazada por Galtieri. Su política tendió a restablecer el diálogo con la Multipartidaria y, a preparar una salida electoral que preservara la unidad del Ejército y la intangibilidad de lo actuado en la época del Proceso. Debió sortear las amenazas del golpismo militar, mientras crecía la inflación v la deuda externa alcanzaba los 44.000 millones de dólares.
Para evitar que los militares afrontaran las responsabilidades por la represión ilegal, el gobierno dictó una ley- de amnistía cuya justificación arrancaba del decreto de Isabel Perón que dio la orden de "aniquilar a la guerrilla". La ley fue muy mal recibida, no sólo por los organismos de derechos humanos. que ahora gozaban de credibilidad, sino también por la Justicia que empezaba a movilizarse. Después de la guerra de Malvinas la catarata de denuncias acerca de violaciones a los derechos humanos cometidas por la represión estatal, difundida por la prensa escrita y- radial, puso a la ciudadanía frente a la evidencia de la tragedia ocurrida en las sombras.
Hubo Marchas de la Resistencia, denuncias de enterramientos clandestinos v de los "vuelos de la muerte". Los sobrevivientes de los centros de detención empezaron a hablar y a contar su historia y se denunciaron 'ilícitos" económicos como la cuenta de nafta adulterada que salpicó con sospechas de corrupción al presidente de el "duro" general Suárez Mason.
En la Iglesia; que en 1981 se había sumado al ideario democrático a través de un documento oficial, la voz cantante la llevaban los moderados de la Conferencia Episcopal y los más comprometidos en la defensa de los derechos humanos. Pero quedaban prelados amigos del partido militar, como monseñor Plaza, ti uno de los pocos que justificó la ley de "autoamnistía", o el vicario castrense Bonamín, defensor empecinado del intervencionismo militar.
En julio del 83, el almirante Massera fue enviado a prisión preventiva, acusado por la desaparición del comerciante Fernando Branca ocurrida en 1977. Así quedó fuera del proceso electoral un "presidenciable" militar que aspiraba a ganar los comicios con el voto peronista y que a ese efecto había cultivado la amistad de Isabel Perón. Por otra parte, desde Italia, donde se inició el proceso contra la Propaganda Due, una organización secreta para el tráfico de influencias, se informó que Massera, Suárez Mason y López Rega pertenecían a esta Logia.
El ciclo militar empezaba a cerrarse en condiciones internas e internacionales mucho más negativas que las que rodearon el final de la Revolución Argentina. Pero, quizás debido a la ausencia de "caudillos providenciales" en el horizonte, la ciudadanía se encontraba mejor compenetrada que en el 73 acerca de sus derechos cívicos y del valor perdurable de la democracia como forma de gobierno.
Restablecer las instituciones republicanas y la convivencia democrática y pluralista fue la gran tarea nacional a partir de 1983. Raúl Alfonsín, jefe del radicalismo y titular del Ejecutivo entre 1983 y 1989, lideró esta etapa de "transición a la democracia" que resultó más compleja, más larga y más frustrante que lo imaginado.
Porque en el curso de la tragedia (le 1970, la sociedad había adquirido rasgos muy negativos en materia de pobreza y desigualdad. Esto, sumado a la multimillonaria deuda externa, contribuyó a que la década de 1980 fuera una década perdida por la Argentina en cuanto a su producción y desarrollo. El producto per cápita era inferior al de los años setenta. Lo mismo sucedió en los otros países latinoamericanos.
Apenas finalizó la guerra de Malvinas comenzó la lucha interna radical por definir quién tendría la conducción partidaria luego de la muerte de Balbín (1981). El fallecimiento de Illia (enero del 83) dejó al partido sin su figura más prestigiosa.
Se enfrentaban ahora la Línea Nacional de tendencia conservadora, cuyos candidatos a presidente y vise eran Fernando de la Rúa y Carlos H. Perette, con el Movimiento de Renovación y Cambio liderado por Alfonsín. Este último contaba con el apoyo de los ex balbinistas bonaerenses Antonio Tróccoli y Juan Carlos Pugliese; la Junta Coordinadora de la Juventud Radical (Enrique Nosiglia, Federico Storani, Leopoldo Moreau); universitarios de Franja Morada; centros de intelectuales vinculados a la socialdemocracia europea (Jorge Roulet, Dante Caputo); los ex colaboradores de Illia; Germán López; Roque Carranza y García Vázquez. La alianza con los sabattinistas de Línea Córdoba aportó al segundo término de la fórmula, el doctor Víctor Martínez, ex intendente de la capital provincial. Con ellos y con el voto de los nuevos afiliados, Alfonsín ganó la elección interna en el 1983.
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