La Tortura y La Desaparición Como Método Interrogatorio en Argentina
La tortura tiene una historia de larga data en el país. En el periodo hispánico colonial, el uso del "potro de tormento" en los interrogatorios era legal, lo mismo que los azotes. Las disposiciones de la Asamblea de 1813 que suprimieron la tortura se inscriben dentro del pensamiento humanitario de la época. Pero el "potro" se restableció y si bien la Constitución de 1853 reiteró la prohibición, los castigos del cepo, estaqueada y azotes continuaron como práctica habitual en el Ejército y en la Marina de guerra hasta 1900.
Sólo a comienzos del siglo XX el sistema parece humanizarse. Hasta que con la revolución de 1930 se emplean la "picana eléctrica", el "submarino" y otros métodos crueles contra detenidos políticos y gremiales que fueron denunciados e investigados. En el primer gobierno peronista fue célebre el comisario Lombilla, torturador de estudiantes y opositores en general. Con la Revolución libertadora y los planes represivos Conintes el método continuó, aunque más esporádicamente, para recuperar intensidad entre 1970 y 1976, a medida que aumentaba la amenaza guerrillera. Pero siempre había protestas, denuncias, información periodística".
A partir del 24 de marzo de 1976 se torturó y se reprimió en el más absoluto silencio. Muchos de los muertos eran civiles no guerrilleros. Algunos no podían ser liberados debido a su estado físico calamitoso, otros porque "habían visto demasiado" o por ser considerados ideológicamente "irrecuperables".
La organización Montoneros que, como observa Gillespie, no tenía previsto el volumen de caídas y confesiones de sus cuadros, se veía asimismo afectada por la desmoralización que era el resultado de la vaga conciencia de estar empeñados en una lucha absurda. Tales sentimientos se agudizaron cuando en 1977 la conducción, encabezada por Mario Firmenich, se fue del país, guardó el dinero habido en operativos de robo y secuestro en Cuba y desde el exilio dirigió nuevas acciones de guerrilla urbana y denunció a la dictadura argentina".
En 1978, cuando el país se preparaba para el Mundial de Fútbol, la opinión pública mundial, movilizada por los organismos de derechos humanos, estaba mejor enterada de los efectos de la "guerra sucia" que los propios argentinos. Esto se debía al riguroso control de los medios de comunicación ejercido por el gobierno y al asesinato de los periodistas que no cumplían con las reglas impuestas.
Los casos de la desaparición en la ESMA de dos religiosas francesas y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, apresada por error, tuvieron especial repercusión internacional. Amplia divulga ción tendría asimismo la detención y tortura del director del diario La. Opinión, Jacobo Timerman, que finalmente fue autorizado por la Justicia a dejar el país.
Se discute todavía hoy el número de víctimas de la "guerra sucia". Los organismos defensores de derechos humanos -Madres de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- denunciaron la existencia de 30.000 desaparecidos. El Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep, 1984) comprobó 8.960 casos de personas secuestradas y desaparecidas y los de 1.898 más, muertas en enfrentamientos con fuerzas del orden. Otras 889 que fueron secuestradas, sobrevivieron e informaron de su reaparición. Se estima asimismo que los atentados de la derechista Triple A mataron a alrededor de 900 personas. Sobre estas bases, un cuidadoso estudio del general español Prudencio García propone una cifra que oscila entre 15.000 y 20.000 desaparecidos, porque, dice, muchos nombres no fueron denunciados ante la Justicia.
En las Fuerzas Armadas y de seguridad, las víctimas de los atentados de la subversión fueron 687. Sus familiares se agruparon en FAMUS. Por consiguiente por cada uno de los caídos gubernamentales habrían muerto más de veinte terroristas.
La visita de los juristas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1979 fue la primera señal que se recibió de que el método represivo elegido por la Junta no quedaría oculto. La Comisión atendió a los familiares de desaparecidos quienes formaron largas colas a fin de poder exponer sus cuitas y produjo el primer Informe serio y responsable sobre lo ocurrido.
Los jefes del Proceso, sin amedrentarse, ratificaron su postura. "Argentina sólo se confiesa ante Dios", afirmó el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy. "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares" declaraba en 1980 el representante militar argentino en Washington. Pero el esclarecimiento había comenzado.
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www.megatimes.com.br
Sólo a comienzos del siglo XX el sistema parece humanizarse. Hasta que con la revolución de 1930 se emplean la "picana eléctrica", el "submarino" y otros métodos crueles contra detenidos políticos y gremiales que fueron denunciados e investigados. En el primer gobierno peronista fue célebre el comisario Lombilla, torturador de estudiantes y opositores en general. Con la Revolución libertadora y los planes represivos Conintes el método continuó, aunque más esporádicamente, para recuperar intensidad entre 1970 y 1976, a medida que aumentaba la amenaza guerrillera. Pero siempre había protestas, denuncias, información periodística".
A partir del 24 de marzo de 1976 se torturó y se reprimió en el más absoluto silencio. Muchos de los muertos eran civiles no guerrilleros. Algunos no podían ser liberados debido a su estado físico calamitoso, otros porque "habían visto demasiado" o por ser considerados ideológicamente "irrecuperables".
La organización Montoneros que, como observa Gillespie, no tenía previsto el volumen de caídas y confesiones de sus cuadros, se veía asimismo afectada por la desmoralización que era el resultado de la vaga conciencia de estar empeñados en una lucha absurda. Tales sentimientos se agudizaron cuando en 1977 la conducción, encabezada por Mario Firmenich, se fue del país, guardó el dinero habido en operativos de robo y secuestro en Cuba y desde el exilio dirigió nuevas acciones de guerrilla urbana y denunció a la dictadura argentina".
En 1978, cuando el país se preparaba para el Mundial de Fútbol, la opinión pública mundial, movilizada por los organismos de derechos humanos, estaba mejor enterada de los efectos de la "guerra sucia" que los propios argentinos. Esto se debía al riguroso control de los medios de comunicación ejercido por el gobierno y al asesinato de los periodistas que no cumplían con las reglas impuestas.
Los casos de la desaparición en la ESMA de dos religiosas francesas y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, apresada por error, tuvieron especial repercusión internacional. Amplia divulga ción tendría asimismo la detención y tortura del director del diario La. Opinión, Jacobo Timerman, que finalmente fue autorizado por la Justicia a dejar el país.
Se discute todavía hoy el número de víctimas de la "guerra sucia". Los organismos defensores de derechos humanos -Madres de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- denunciaron la existencia de 30.000 desaparecidos. El Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep, 1984) comprobó 8.960 casos de personas secuestradas y desaparecidas y los de 1.898 más, muertas en enfrentamientos con fuerzas del orden. Otras 889 que fueron secuestradas, sobrevivieron e informaron de su reaparición. Se estima asimismo que los atentados de la derechista Triple A mataron a alrededor de 900 personas. Sobre estas bases, un cuidadoso estudio del general español Prudencio García propone una cifra que oscila entre 15.000 y 20.000 desaparecidos, porque, dice, muchos nombres no fueron denunciados ante la Justicia.
En las Fuerzas Armadas y de seguridad, las víctimas de los atentados de la subversión fueron 687. Sus familiares se agruparon en FAMUS. Por consiguiente por cada uno de los caídos gubernamentales habrían muerto más de veinte terroristas.
La visita de los juristas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1979 fue la primera señal que se recibió de que el método represivo elegido por la Junta no quedaría oculto. La Comisión atendió a los familiares de desaparecidos quienes formaron largas colas a fin de poder exponer sus cuitas y produjo el primer Informe serio y responsable sobre lo ocurrido.
Los jefes del Proceso, sin amedrentarse, ratificaron su postura. "Argentina sólo se confiesa ante Dios", afirmó el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy. "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares" declaraba en 1980 el representante militar argentino en Washington. Pero el esclarecimiento había comenzado.
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